El Ayuntamiento de Burgos ha aplazado cualquier decisión sobre su zona de bajas emisiones hasta estudiar el Real Decreto 953/2026, publicado este viernes en el BOE. La ciudad tiene la ZBE en funcionamiento desde agosto de 2025, con cámaras en los accesos al centro, aunque la moratoria de 18 meses mantiene suspendida la aplicación de sanciones hasta el 5 de agosto de 2027, por lo que los conductores todavía no se enfrentan a multas por incumplir las restricciones.
Ponferrada y Zamora, también en Castilla y León, han recibido esta semana con el mismo recelo una reforma que choca con sus modelos de zona, en los que las restricciones de acceso dependen de los episodios de contaminación.
El decreto entra en vigor el 26 de noviembre y obliga a los ayuntamientos a acreditar, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el órgano competente de la comunidad autónoma, que sus ZBE se aplican de forma efectiva. Tendrán que presentar la ordenanza municipal, las restricciones según el potencial contaminante de los vehículos, el sistema de control de accesos, la integración con el Punto de Acceso Nacional de la DGT y la aplicación del régimen sancionador, sin periodos transitorios de avisos. En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE.
A partir del 26 de noviembre, los ayuntamientos deberán acreditar documentalmente que sus zonas cumplen los requisitos, aunque la norma establece plazos específicos para remitir parte de esa documentación.
En este artículo 4 apartados
01La ZBE de Burgos, con cámaras activas desde agosto de 2025
La ZBE abarca el centro de la ciudad y empezó a funcionar el 12 de agosto de 2025, un día después de que el Ayuntamiento recibiera los equipos de control. Se dio después un plazo de 18 meses para empezar a aplicar el régimen sancionador de su ordenanza de movilidad, que comenzó a contar el 6 de febrero de 2026 y termina el 5 de agosto de 2027, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
En marzo, la alcaldesa, Cristina Ayala, anunció que el Partido Popular, que gobierna la ciudad, propondría en la comisión de Movilidad que todos los vehículos que pagan el impuesto de circulación en Burgos pudieran entrar en la zona, tuvieran o no etiqueta, siempre que la contaminación se mantuviera dentro de los límites. La medida exigiría modificar la ordenanza y reduciría considerablemente el alcance de las restricciones ambientales. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha explicado que la Junta de Gobierno ya ha tratado la reforma estatal y que el equipo de gobierno tomará las decisiones cuando conozca en detalle cómo afecta a la ciudad.
Burgos no figura en el listado de zonas de bajas emisiones del Punto de Acceso Nacional de la DGT, según los datos consultados el 19 de octubre, que recogemos en nuestra sección de zonas de bajas emisiones y en los que los únicos municipios de Castilla y León son Ávila, Salamanca y Valladolid. La integración en ese sistema es otro de los requisitos que deberán acreditar los ayuntamientos.
02Ponferrada, con una ZBE aprobada y sanciones progresivas
La ordenanza de Ponferrada aplica la zona por fases. Hasta el 31 de diciembre de 2026 hay una fase informativa sin sanciones; del 1 de enero al 30 de junio de 2027, un periodo de apercibimientos con multas de 100 euros a partir de la tercera infracción, y desde el 1 de julio de 2027, el régimen sancionador ordinario. Su protocolo distingue además tres estados según el nivel de contaminación, y solo en el tercero se limita la entrada según el distintivo ambiental.
Mientras mantenga ese sistema progresivo, el Ayuntamiento tendrá difícil acreditar que aplica un régimen sancionador efectivo. El alcalde, Marco Morala, ha rechazado la reforma y ha advertido a los conductores de coches de gasolina y diésel de que no podrán entrar en la zona o serán sancionados si lo hacen, aunque el decreto pide restricciones según el potencial contaminante de cada vehículo y no establece una prohibición general para todos los de gasolina y diésel.
03Zamora, con la ordenanza pendiente y restricciones solo en episodios de contaminación
Zamora todavía no tiene una ordenanza aprobada, y el propio Ayuntamiento reconoce que la aprobación definitiva quedará para el próximo mandato. El concejal responsable, Pablo Novo, defiende un modelo con medidores de partículas y una ordenanza que contempla restricciones y sanciones vinculadas a episodios de alta contaminación. El Ayuntamiento instalará cámaras de reconocimiento de matrículas, aunque ha descartado utilizarlas para controlar los accesos o sancionar a los conductores.
El Ayuntamiento no espera tener que activar esas restricciones, porque considera improbable que se produzcan esos episodios en la ciudad, y Novo sostiene que cumplirán el marco legal adaptándolo a una ciudad pequeña. Es precisamente uno de los modelos que la reforma pretende evitar, ya que el Gobierno citó entre sus motivos las ZBE que no restringen el acceso según lo que contamina cada coche.
04Lo que la reforma exige a Burgos, Ponferrada y Zamora
La moratoria de Burgos y los periodos de adaptación de Ponferrada dificultan que ambos municipios puedan acreditar la aplicación efectiva del régimen sancionador, porque el decreto excluye expresamente los sistemas transitorios de avisos. Zamora parte de una situación diferente, ya que todavía no tiene una ordenanza aprobada y su propuesta contempla restricciones que podrían no llegar a activarse.
El Gobierno no fija multas para los municipios que no justifiquen la implantación de sus ZBE ni obliga a devolver las ayudas recibidas, pero la documentación podrá servir de referencia para futuras vías de financiación destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
Burgos tendrá que decidir si mantiene la moratoria hasta agosto de 2027 o modifica su ordenanza para adelantar la aplicación de las sanciones, y si mantiene las restricciones ambientales o apuesta por la propuesta del PP de abrir la zona a los vehículos que pagan el impuesto de circulación en la ciudad. Ponferrada tendrá que revisar su aplicación progresiva de sanciones, y Zamora, concretar una ordenanza que hoy plantea restricciones ligadas a unos episodios de contaminación que el propio Ayuntamiento considera poco probables.
Con modelos distintos y en diferentes fases de implantación, las tres ciudades tendrán que adaptarse a una misma exigencia, que sus zonas de bajas emisiones cuenten con restricciones ambientales efectivas y mecanismos para hacerlas cumplir.
