El Boletín Oficial del Estado publica este viernes el Real Decreto 953/2026, que endurece los requisitos para que una zona de bajas emisiones (ZBE) se considere correctamente implantada. A partir del 26 de noviembre, cada ayuntamiento tendrá que demostrar que su zona funciona: que limita la entrada según lo que contamina cada coche, que tiene un sistema para controlar los accesos, que está integrada en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT y que multa a los coches que entran sin permiso. La norma afecta a todas las zonas, a las que ya funcionan y a las que se pongan en marcha a partir de ahora.
Si no lo demuestra, su zona no contará como implantada. Para quien conduce, el decreto no cambia qué coches pueden entrar en cada zona, que lo sigue decidiendo cada ayuntamiento, pero sí puede adelantar las primeras multas en las ciudades que hoy solo envían avisos. Ninguna ZBE deja fuera a los coches eléctricos por su etiqueta 0, aunque algunas zonas limitan la entrada por otros motivos, como las calles reservadas a vecinos.
En este artículo 6 apartados
- Los cinco documentos que tendrá que enviar cada ayuntamiento
- Las ayudas al transporte público ya dependían de tener una ZBE
- Los periodos de avisos sin multa dejan de contar
- Una de cada cuatro zonas del registro de la DGT no restringe el acceso por etiqueta
- Las primeras respuestas de los ayuntamientos
- La multa por entrar en una ZBE no cambia
01Los cinco documentos que tendrá que enviar cada ayuntamiento
El Consejo de Ministros aprobó la reforma el 3 de noviembre, a propuesta de los ministerios de Transición Ecológica e Interior. El texto modifica el Real Decreto 1052/2022, la norma que fija desde diciembre de 2022 los requisitos mínimos de las ZBE.
Hasta ahora, en el mes siguiente a crear su zona, el ayuntamiento tenía que comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica y a su comunidad autónoma los límites y la superficie de la ZBE, sus medidas, su calendario y los indicadores de seguimiento. A partir del 26 de noviembre tendrá que enviarles además cinco documentos que acrediten que la zona funciona:
- La ordenanza municipal de la ZBE, en el mes siguiente a su entrada en vigor.
- La prueba de que están en vigor las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento según lo que contamina cada coche.
- La prueba de que funciona el sistema de control de accesos, por ejemplo con cámaras que leen las matrículas.
- La integración de la zona en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, la plataforma de la DGT en la que se consultan los límites de cada zona y las etiquetas que pueden entrar.
- La prueba de que el ayuntamiento multa a quien entra sin permiso, sin periodos en los que solo se envían avisos.
Mientras el ayuntamiento no envíe esta documentación, su zona no se considerará correctamente implantada. La ordenanza municipal sigue vigente y sus restricciones se mantienen: lo que cambia es que el Estado no reconoce la zona como implantada.
02Las ayudas al transporte público ya dependían de tener una ZBE
Al margen de este decreto, tener una ZBE ya tiene consecuencias económicas para los ayuntamientos. En 2025 y en 2026, el Ministerio de Transportes exige a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares que tengan una ZBE activa, o que se comprometan a tenerla en funcionamiento durante el año, para darles las ayudas con las que se abaratan los abonos de transporte público. A los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes solo les pide la ZBE si no pueden demostrar que su aire está por debajo de los límites de contaminación.
Para conceder estas ayudas en 2025, Transportes ya pedía parte de lo que ahora exige el decreto. No le bastaba con que la ZBE estuviera aprobada: tenía que tener control de accesos y multas, y los periodos de avisos no contaban.
Los ayuntamientos que reciban las ayudas de 2026 tendrán que demostrar entre febrero y abril de 2027 que han cumplido lo que prometieron, también con su ZBE, y si no lo han hecho el Ministerio puede pedirles que devuelvan el dinero.
El decreto no menciona estas ayudas. Al aprobarlo, el Gobierno añadió que la documentación que exige podrá servir de referencia para la financiación que destina a la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
03Los periodos de avisos sin multa dejan de contar
Muchas ciudades han puesto en marcha su ZBE con una primera fase sin multas, en la que las cámaras detectan los coches que no pueden entrar y el ayuntamiento envía al propietario una carta informativa. En Burgos esta fase dura 18 meses, hasta agosto de 2027, y en Vigo un año, hasta septiembre de 2027. Ponferrada prevé una fase informativa hasta diciembre de 2026 y, durante el primer semestre de 2027, apercibimientos con multas de 100 euros a partir de la tercera infracción, antes de aplicar la multa de 200 euros en julio.
Con el decreto, mientras Burgos y Vigo solo envíen avisos, su zona no se considerará correctamente implantada, aunque tenga las señales y las cámaras instaladas. Tendrán que elegir entre adelantar las multas o mantener su calendario sin que su zona cuente como implantada. En Ponferrada, el decreto pone en cuestión también el semestre de apercibimientos, y falta saber cómo valorará el Ministerio ese régimen progresivo. Su zona, además, solo limita la entrada durante los episodios de contaminación.
El Gobierno explica el cambio por los problemas que ha detectado en estos años, entre ellos las moratorias largas antes de multar, las zonas que no limitan la entrada según lo que contamina cada coche y las zonas demasiado pequeñas, que coinciden con calles donde el tráfico ya estaba limitado. Detrás de esos problemas hay una forma de actuar que se repite en muchas ciudades: el ayuntamiento aprueba la ZBE porque la ley le obliga y porque de ella dependen ayudas del Estado, pero después la suaviza para no enfrentarse a sus vecinos.
Esa suavización se ha traducido en largos periodos de avisos, en zonas que no dejan fuera ningún coche por su etiqueta y en excepciones para los residentes, como la que tenía Málaga. Con el decreto, el Gobierno quiere que una ZBE deje de ser una línea en el mapa que no cambia el tráfico de la ciudad.
04Una de cada cuatro zonas del registro de la DGT no restringe el acceso por etiqueta
En el Punto de Acceso Nacional, la DGT publica las zonas de bajas emisiones que los ayuntamientos han integrado, con sus límites y las etiquetas que pueden entrar. Esa integración es el cuarto requisito del decreto. El 19 de octubre, según los datos que recogemos en nuestra sección de zonas de bajas emisiones, figuraban en él 45 municipios, con 53 zonas en vigor y otras tres aprobadas que todavía no han empezado a funcionar.
La Ley de Cambio Climático obliga a tener una ZBE a unos 150 municipios: los de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 que superan los límites de contaminación. Es decir, en el registro aparece menos de un tercio de los municipios obligados.
Cada una de las 53 zonas en vigor deja fuera a coches distintos:
Las 13 zonas que no dejan fuera ningún coche por su etiqueta están en Las Rozas (ocho), Cartagena (dos), Málaga, Castellón y Pontevedra. En ellas, la etiqueta del coche no decide si puede entrar, y ese es uno de los problemas que señala el Gobierno.
En Málaga, hoy puede entrar en la zona cualquier coche, también sin etiqueta. Hasta el 14 de octubre se multaba a los coches sin etiqueta, pero solo a los que no estaban domiciliados en la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró discriminatoria esa diferencia y anuló los artículos de la ordenanza que regulaban la ZBE. Desde el 14 de octubre, el Ayuntamiento ha dejado de multar y devolverá las multas ya cobradas cuando la sentencia sea firme.
En el otro extremo, solo cinco zonas dejan fuera también a los coches con etiqueta B o C: las de Madrid, Bilbao, Dos Hermanas, Torremolinos y Manlleu. Palma se sumará el 1 de enero, cuando su zona deje de admitir la etiqueta B.
Muchas ciudades obligadas todavía no aparecen en el registro, como Zaragoza, Murcia, Córdoba, Burgos y Vigo, y no hay ningún municipio de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Ceuta o Melilla. Algunas, como Burgos y Vigo, ya tienen su zona en funcionamiento, y para cumplir el decreto tendrán que integrarla en el Punto de Acceso Nacional de la DGT.
05Las primeras respuestas de los ayuntamientos
En A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, ha asegurado que no restringirá ni multará por tipo de vehículo, y así se lo ha comunicado al Ministerio. Si mantiene esa postura, A Coruña no podrá acreditar dos de los requisitos del decreto, las restricciones según lo que contamina cada coche y las multas, y su zona no se considerará correctamente implantada.
En Castilla y León, Burgos ha aplazado cualquier decisión hasta estudiar el texto publicado en el BOE. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha rechazado la reforma, y en Zamora, que no aprobará su ZBE en este mandato, el Ayuntamiento quiere adaptar la norma a una ciudad pequeña, sin un régimen de multas estricto.
06La multa por entrar en una ZBE no cambia
Entrar en una ZBE con un coche que no puede circular por ella es una infracción grave de la Ley de Tráfico. En la mayoría de ciudades la multa es de 200 euros, 100 si se paga pronto, y no quita puntos del carné. El decreto no cambia esa cantidad. La diferencia llegará a las ciudades que hoy solo envían cartas de aviso, que tendrán que empezar a multar para que su zona cuente como implantada, aunque el decreto no les pone fecha.
Cada ayuntamiento decide su calendario, sus excepciones y qué etiquetas deja fuera, así que para saber si un coche puede entrar hay que consultar las normas de cada ciudad. En las fichas de cada municipio recogemos qué etiquetas pueden entrar y en qué horario, y en la página de normativa explicamos las multas y las excepciones más habituales.
Con la documentación que envíen los ayuntamientos a partir del 26 de noviembre, el Ministerio sabrá cuántas de las zonas que hoy aparecen en el mapa funcionan como pide la norma, con control de accesos y multas para quien incumple.
