Las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo están en vigor desde el 10 de septiembre y restringen la entrada a los coches sin etiqueta, aunque hasta el 10 de septiembre de 2027 quien entra con uno de ellos recibe una carta informativa en lugar de una multa. La ciudad, además, todavía no figura en los datos de zonas de bajas emisiones que la DGT publica en su Punto de Acceso Nacional, y la plataforma en la que vecinos y negocios piden el permiso de acceso aún no funciona.
El Real Decreto 953/2026, publicado este viernes en el BOE, entra en vigor el 26 de noviembre y obliga a los ayuntamientos a acreditar que sus ZBE se aplican de forma efectiva. Ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el órgano competente de la comunidad autónoma tendrán que presentar la ordenanza municipal, las restricciones según el potencial contaminante de los vehículos, el sistema de control de accesos, la integración con el Punto de Acceso Nacional y la aplicación del régimen sancionador, sin periodos transitorios de avisos. En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE.
Ese último requisito afecta de lleno al calendario de Vigo. A partir del 26 de noviembre, el Concello deberá acreditar documentalmente que su zona cumple los requisitos, aunque la norma establece plazos específicos para remitir parte de esa documentación.
En este artículo 3 apartados
01Cuatro zonas y un calendario por etapas hasta 2032
La ordenanza, aprobada de forma definitiva por el pleno en julio, delimita cuatro zonas: el centro, la praza de Portugal, O Calvario y el entorno de Bouzas. En esta primera etapa la restricción afecta solo a los coches sin distintivo ambiental, los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006, que en la ciudad son unos 62.100, según el Concello.
La ordenanza establece en cada etapa un primer año de avisos informativos, durante el cual no se imponen multas. Una vez terminado ese periodo, los accesos que incumplan las restricciones pueden sancionarse con 200 euros, conforme a la Ley de Tráfico.
La primera etapa dura dos años y afecta solo a los coches sin etiqueta. La segunda empieza el 10 de septiembre de 2028, dura tres años y amplía las restricciones a los coches con etiqueta B. Durante el primer año recibirán avisos informativos y, a partir de septiembre de 2029, podrán ser sancionados. La tercera arranca en septiembre de 2031 con los avisos a los coches con etiqueta C, y desde el 10 de septiembre de 2032 la restricción será total, de modo que, fuera de las excepciones, solo podrán entrar los vehículos con etiqueta ECO y 0.
Entre esas excepciones, la ordenanza deja entrar a los vehículos de los vecinos de las propias zonas, a los vinculados a negocios situados dentro y a los que transportan a personas con movilidad reducida.
02Una ZBE que todavía no figura en los datos del Punto de Acceso Nacional
Vigo no aparece en los datos que la DGT publica en su Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, con los límites y las restricciones de cada zona, y que recogemos en nuestra sección de zonas de bajas emisiones. Con datos del 19 de octubre, los únicos municipios gallegos que figuran son A Coruña y Pontevedra, y la integración en ese sistema es uno de los cinco requisitos del decreto.
La ordenanza también daba al Concello un máximo de dos meses desde la entrada en vigor para poner en marcha la plataforma en la que vecinos y negocios pueden pedir el permiso de acceso. Ese plazo vence el martes 10 de noviembre, y el Partido Popular ha denunciado que el sistema todavía no está disponible.
03Lo que la reforma pide al Concello de Vigo
El decreto pide demostrar que el régimen sancionador se aplica de forma efectiva, y eso choca con el diseño de una ordenanza que dedica a las cartas informativas el primer año de cada etapa, también cuando lleguen la etiqueta B en 2028 y la C en 2031. El cambio va más allá de adelantar las fechas de las multas, porque el decreto excluye expresamente cualquier sistema transitorio de avisos.
El alcalde, Abel Caballero, ha defendido desde 2022 que las zonas funcionarían con notificaciones a los conductores. En mayo advertía de que la ciudad podía perder o tener que devolver unos 35 millones de euros de fondos europeos si no cumplía sus compromisos de calidad del aire y movilidad sostenible.
El decreto, por su parte, no fija multas ni la devolución automática de ayudas para los ayuntamientos que no acrediten los requisitos. El Gobierno ha señalado que esa documentación podrá servir de referencia para conceder en el futuro financiación destinada a la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido al alcalde que aclare si mantendrá el primer año de cartas informativas o lo adaptará al decreto, y el Concello no ha anunciado por ahora cambios. Tendrá que decidir si modifica la ordenanza para eliminar los periodos de avisos o si los mantiene, en cuyo caso no podrá acreditar la aplicación efectiva del régimen sancionador que exige el nuevo decreto.
